Karla Quintana, directora general de la Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), señaló que, según la narrativa de víctimas y varios indicios, elementos de la Armada tendrían responsabilidad en desapariciones registradas en Nuevo Laredo y denunciadas por la ONU.
En entrevista, explicó que hay evidencia fotográfica y en video, así como testimonios de testigos y sobrevivientes, que apuntan en ese sentido, aunque aclaró que su valoración corresponde a la Procuraduría General de la República (PGR) y, en su momento, a la justicia federal.
“La constante de lo que apuntan las víctimas que nosotros representamos es que fue personal de Marina”, indicó.
“Y existe material de video en alguno o algunos casos que apuntan hacia allá. Nosotros como representantes de las víctimas evidentemente acompañamos este señalamiento de las pruebas que tenemos”.
La Asesoría Jurídica de la CEAV tiene conocimiento directo del caso porque desde hace meses lleva la representación legal de un grupo de familiares de personas desaparecidas en la ciudad fronteriza.
El 30 de mayo, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, advirtió sobre la desaparición forzada de al menos 23 personas en Nuevo Laredo, cometidas presuntamente por elementos de la Armada.
De acuerdo con datos de la PGR, que atrajo la indagatoria días después, en 26 carpetas de investigación se reportan 36 víctimas de ese delito, de las cuales una fue localizada con vida y nueve sin vida.
“A quien le corresponde determinar si esas pruebas, si estos señalamientos corresponden en su totalidad, en su parcialidad, a elementos de Marina o a otras personas, pueden ser no autoridades, eso le corresponderá a la PGR y al juzgado en su momento”, remarcó Quintana.
“Pero sí hay que decirlo, hay señalamientos, hay en algunos casos más pruebas que en otros y pues será la autoridad responsable la que haga esa determinación”.
Informó que la Asesoría Jurídica de la CEAV ha representado a familiares de las víctimas en todas las diligencias ministeriales y ha solicitado al menos 12 órdenes de protección a la PGR.
También ha presentado pruebas documentales -fotos y videos- e interpuesto amparos para que distintas autoridades federales rindan todos los informes sobre el presunto caso de desaparición forzada.
“Los que nosotros queremos como Asesoría Jurídica Federal, representando a las víctimas, es llegar a la verdad de los hechos. Lo que nos tiene que importar es que son personas desaparecidas, no tenemos que criminalizar”, expuso Quintana.
La especialista en derechos humanos sostuvo que, antes de que la ONU ventilara las desapariciones, las investigaciones de la PGR, a través de su subdelegación en Tamaulipas, habían sido totalmente deficientes.
Reconoció que a partir de que la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada atrajo las carpetas, ha habido un cambio, aunque desde la perspectiva de la Asesoría Jurídica de la CEAV sigue siendo insuficiente.
“Tenemos que aprender del pasado, este es un caso que ya se ha mediatizado, pero nos recuerda todas las experiencias que tenemos del pasado y todas las recomendaciones y estándares internacionales en materia de desaparición forzada de personas, debida diligencia, no repetición, no criminalización”, planteó.
