Cuando Rebecca, una madre de 48 años de Michigan, necesitó ayuda para su hijo con discapacidad, recurrió a la Oficina de Derechos Civiles (OCR, por sus siglas en inglés) del Departamento de Educación de Estados Unidos.
El hijo adoptivo de Rebecca, de 13 años, padecía síndrome de alcoholismo fetal, TDAH y otros diagnósticos de salud mental que requerían apoyo educativo especializado.
Sus síntomas podían incluir agresión hacia compañeros, profesores u objetos, y tras algunos arrebatos fue suspendido el otoño pasado.
Rebecca afirmó que el distrito escolar aisló a su hijo de sus compañeros durante meses, dejándolo con un contacto limitado con profesores de educación especial y otro profesorado.
