La secretaria de Ciencia y Tecnología, Rosaura Ruiz, y el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, reafirmaron la necesidad de prohibir en la Constitución el cultivo de maíz transgénico para evitar la privatización de la propiedad intelectual, la contaminación genética y la degradación de los recursos naturales.
En reunión con los legisladores integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, los funcionarios expusieron los acuerdos de coincidencia alcanzados con los sectores involucrados en el tema a fin de incorporarlos en la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Algunos de estos puntos consisten en priorizar la protección de la biodiversidad, la soberanía alimentaria y el manejo agroecológico del maíz.
En su presentación, Ruiz subrayó que se debe evitar la siembra y el cultivo de semillas transgénicas de maíz, ya que, según él, es parte de la identidad nacional y es preciso conservarlo como lo han hecho muchas generaciones.
Además, mencionó que entre los riesgos del maíz transgénico se encuentran la privatización de la propiedad intelectual, la contaminación genética de los maíces nativos, la degradación de los recursos naturales, así como la incompatibilidad con los sistemas de producción de pequeña y mediana escala.
De igual manera, subrayó que México es el centro de origen, diversificación y domesticación del maíz, ya que dentro del territorio nacional existen entre 59 y 64 especies de esta planta.
Ruiz también detalló que el maíz es esencial para la dieta de la población mexicana, pues se estima un consumo anual per cápita de 196.4 kilogramos.
En su turno, Berdegué informó que en los próximos días la Consejería Jurídica de la Presidencia enviará a la Cámara de Diputados propuestas de adiciones basadas en las coincidencias con sectores y organizaciones.
Entre las propuestas se busca prohibir el cultivo en México de los maíces que contengan modificaciones genéticas.
Finalmente, remarcó que la República Mexicana mantendrá la autosuficiencia del maíz blanco no transgénico para el consumo humano con la garantía de las políticas del gobierno federal.
