Alemania ha dado una vuelta de tuerca a la inmigración ilegal con la aprobación hoy en el Consejo de Ministros de un paquete de medidas que permitirán acelerar las deportaciones, uno de los problemas que arrastra el país desde hace décadas por la falta de consenso ente los partidos conservadores, el alza de la izquierda con los Verdes a la cabeza y las organizaciones proasilo. La llegada masiva de refugiados a raíz de la guerra de Ucrania y de inmigrantes ilegales ha forzado sin embargo el consenso que pedían los ayuntamientos, desbordados en sus prestaciones sociales.
A 30 de junio, un total de 279.098 personas en Alemania estaban obligadas a abandonar el país, pero sólo una parte de ellas está potencialmente amenazada de deportación, pues la mayoría, concretamente 224.768, tienen el estatuto de “tolerados”, es decir no se les puede expulsar porque no tienen documentos de identidad, están muy enfermas y por tanto no pueden viajar, o si existe una prohibición de deportación debido a la situación de seguridad en su país de origen.
En la práctica, dos de cada tres deportaciones fracasan. Las razones son, por ejemplo, que no se puede encontrar a las personas en cuestión o se resisten, o también que un piloto o una compañía aérea se niegan a transportar a la persona deportada. Entre enero y junio de este año, según datos del grupo parlamentario de izquierdas, se produjeron 7.861 deportaciones de Alemania. En el mismo periodo del año pasado, hubo 6.198 deportaciones.
